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Crónica de un asesinato anunciado

La ideología neocón imperante en el mundo desde finales de los 80, de la mano de economistas como Milton Friedman, de la Escuela de Chicago (que fue el asesor, entre otros, de Pinochet), es la única causante de la crisis que todos padecemos hoy. Las políticas ultraconservadoras de Ronald Reagan y Margaret Tatcher marcaron el camino del liberalismo a ultranza, de la desregulación de los bancos y de los mercados. Fueron ellos y sus seguidores los que hicieron que el llamado libre mercado se adueñase por completo de nuestro sistema de vida. Fue la época del todo vale, de la especulación, de los beneficios a corto, de convertir todo en “commodities” (instrumentos financieros con los que especular salvajemente con petróleo, oro o materias primas), de los derivados financieros, del apogeo de los paraísos fiscales, de la profundización irreversible de la brecha que separa a ricos de pobres, de la hambruna generalizada en África, de los grandes beneficios de las farmacéuticas, las inmobiliarias y de los bancos, de las guerras por el petróleo y el dominio de los recursos naturales, de la derechización del mundo, del renacimiento de la extrema derecha, del sistematizado olvido de la exigencia del respeto a los derechos humanos… Y la guinda de ese pastel, suculento para unos pocos, criminal para los más, ha sido la destrucción de lo que conocíamos como estado del bienestar, un bienestar que con los recortes que nos anuncian como única salida, está condenado a desaparecer, cuando menos, para las próximas décadas.

Al grito de “lo exigen los mercados” y con el falaz argumento de que “ no podemos gastar lo que no tenemos”, los ultraconservadores neocón han logrado imponer sus políticas más reaccionarias en toda Europa y particularmente lo están haciendo en España. Angela Merkel fue la abanderada de esta política al fijar como objetivo prioritario e ineludible la reducción del déficit público. Ella aplicó su política de recortes en tiempos de bonanza económica, de grandes tasas de crecimiento, y ahora, convertida en una especie de todopoderosa poseedora de la verdad única, obliga al resto de países europeos a seguir la senda de eliminación de derechos laborales y ciudadanos que ella encabezó. Poco le importa que en lugar de crecimiento económico, como tuvo ella cuando lo hizo, estemos inmersos ahora en la depresión económica más profunda de la historia. Aplicar esas políticas de recorte del gasto y la inversión hoy es un suicidio, un asesinato anunciado, porque no hacen más que ahondar en la recesión, profundizar en el crecimiento negativo de la economía que genera más paro y más recesión, en una espiral sin retorno que está llevando a millones y millones de personas a la pobreza.

Pero vayamos por partes. Fueron los bancos y su especulación salvaje los que provocaron la crisis financiera que nos ha llevado a esta crisis económica. ¿Qué hicieron nuestros políticos frente a eso? ¿Regular de nuevo los mercados, prohibir la especulación financiera, los paraísos fiscales, exigir responsabilidades a los culpables y establecer un marco que impidiese que pudiesen repetir situaciones como aquella? No, en absoluto. Les dieron miles de millones de euros para que no quebrasen, miles de millones que no han devuelto. Solo dos o tres gestores han sido juzgados por lo que hicieron. Los demás no solo han salido de rositas del tema, sino que han visto cómo se incrementaban sus retribuciones y sus “bonus” anuales de forma escandalosa y totalmente inmoral.

Esos mismos bancos que implantaron el liberalismo económico más salvaje no tuvieron el menor reparo en beneficiarse de las ayudas que les dieron los gobiernos de todo el mundo. Y, no contentos con eso, a través de las sociedades de rating (entidades privadas participadas mayoritariamente por los propios bancos que se encargan de calificar el riesgo de una deuda y la solvencia de una empresa o de un Estado), unas sociedades que siempre dieron la mejor de sus calificaciones a todas las sociedades e instrumentos financieros que no valían nada y que provocaron esta crisis, se dedicaron a poner en tela de juicio la solvencia de los mismos Estados que les financiaron. Entiéndase esto claramente: su salvaje especulación les lleva a la bancarrota; los Estados les dan miles de millones para que no quiebren; los bancos no devuelven el dinero que los Estados les han prestado y encima especulan contra la solvencia de esos mismos Estados argumentando que podrían tener problemas para pagar su deuda.

La hipocresía, el cinismo y la inmoralidad más absoluta son la única bandera que representa a estos estafadores de guante blanco. Y es en ese preciso momento en el que aparecen Merkel y Sarkozy para obligar a los países periféricos de Europa como Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España (comúnmente conocidos como PIGS, “cerdos”, en la jerga de los financieros) a reducir su déficit público para “recuperar la confianza” de los “mercados”, eufemismo empleado para referirse a los banqueros y financieros que han provocado esta situación. A partir de entonces los gobiernos de esos países, amenazados por la intervención de sus economías por la Unión Europea si no reducen drásticamente sus déficits, pierden por completo su autonomía y se tienen que plegar a las directrices del tádem Merkel/Sarkozy.

El déficit público es la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos (incluyendo los del Gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos). Si la diferencia fuese positiva hablaríamos de superhavit. Nuestros políticos, antes Zapatero, ahora Rajoy, y siempre Merkel/Sarkozy, nos han repetido hasta la saciedad que teníamos que reducir nuestros gastos para reducir el déficit de nuestras cuentas. Se han empeñado en repetir una mentira que, a fuer de tantas veces repetida, hemos creído como verdad: que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, que nuestro gasto social no podía mantenerse con nuestro nivel de ingresos, que había, en definitiva, que hacer recortes. Nada más lejos de la realidad. Nuestro nivel de gasto público es de los más bajos de Europa, concretamente el más bajo de la Unión Europea de los 15 (el grupo de países con un nivel de desarrollo económico equiparable al de España). Nuestro PIB equivale al 94% del promedio de la UE-15, mientras nuestro gasto social sólo representa el 74% de ese promedio. En partidas como sanidad, nuestro gasto representa el 6,5% de PIB (5,8% con los 7.000 millones de nuevos recortes recién aprobado), cuando la media europea es del 7,5%. Y en educación, nuestro gasto es del 4,9% (4,6% con los 3.000 millones adicionales recién recortados), frente a una media del 5,5%. Y eso es comparándonos con la media, porque si nos comparamos con los datos de los principales países europeos todavía salimos mucho peor parados. La partida de ayuda al desarrollo, destinada a ayudar al desarrollo de países pobres y a canalizar las ayudas para grandes catástrofes, hambrunas, etc. ha sido la partida que ha sufrido el recorte más severo en los Presupuestos Generales del Estado de este año, con una rebaja de más del 50%, representando ahora únicamente un 0,25% de nuestro PIB, cifra escandalosamente alejada del compromiso que adquirieron nuestros políticos hace ya más de cuarenta años de llegar al 0,7% y que jamás llegamos a alcanzar. Ninguno de los países de nuestro entorno, a pesar de la crisis y los recortes que también están llevando a cabo, ha reducido esta partida, una partida inmoralmente manipulada por nuestros políticos que incluyen en ella, por ejemplo, las patrulleras que venden a países africanos para que vigilen sus costas e impidan que los inmigrantes lleguen a las nuestras, o el coste de mantener a nuestras tropas en Líbano, etc. La conclusión de todos estos datos no puede ser más clara: el gasto público social español es el más bajo de la Unión Europea de los Quince, es decir, que no hemos despilfarrado el dinero, como pretenden hacernos creer, ni hemos gastado más de lo que gastan todos nuestros vecinos y socios europeos en temas sociales, ni hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Nuestro problema no está en los gastos. Tampoco está en la estructura funcionarial del estado, otro de los falsos mensajes machaconamente repetidos tendentes a eliminar el estado de las autonomías acusándolo de duplicidad de gastos, de funcionarios inoperantes, etc. etc. etc. La realidad, la tozuda realidad, nos dice que España tiene el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del estado del bienestar más bajo de la UE-15

El problema del déficit español no está, por tanto, en el elevado nivel de gasto, sino en el bajo nivel de ingresos, y más concretamente en el ridículo nivel de impuestos que pagan las grandes fortunas, las corporaciones empresariales y las grandes empresas que, además de tener un trato fiscal extraordinariamente preferente, es el sector que concentra, según el informe recientemente publicado por los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en GESTHA, la mayor bolsa de fraude fiscal de España, con un volumen en 2009 de 42.711 millones de euros

Nuestro sistema fiscal está por debajo de la media de la UE casi ocho puntos de PIB que, traducido a euros, asciende a ochenta mil millones, cifra muy superior a la de los recortes de gasto que están llevando a cabo para reducir el déficit. Ese es nuestro verdadero problema: el bajo nivel de impuestos que pagan las grandes fortunas y las grandes empresas. Tienen a su alcance instrumentos de elusión fiscal perfectamente legales, como las sociedades de inversión colectiva (sicavs), que en lugar de tributar como renta de capital a los tipos que tributan los demás instrumentos financieros (entre el 18% y el 25% según el producto y el país de que se trate), lo hacen únicamente al 1%. La utilización fraudulenta que se está haciendo de este tipo de instrumentos es clarísima: para ser consideradas sociedades de inversión colectiva, por ley, deben tener un mínimo de cien socios. En realidad los bancos que gestionan la sicav hecha a medida de uno de sus grandes clientes, aportan los 99 socios que le faltan cediéndoles una participación insignificante y marginal, con lo que el trámite del centenar de socios queda cumplido, y su cliente centraliza a través de esa sociedad fiscalmente bonificada todas sus inversiones financieras y patrimoniales, que gestiona su banco. Y si estos instrumentos sirven para la elusión fiscal, otros sirven directamente para la evasión fiscal: muchos bancos especializados en la gestión de grandes patrimonios y fortunas llegan, incuso, a tramitar la residencia en paraísos fiscales de sus clientes más importantes, donde depositan la mayor parte de sus ahorros que, de esta forma, no tributan ni un céntimo en España. Los procedimientos de elusión y evasión fiscal no son exclusivos de las personas físicas, sino que las grandes empresas cuentan con departamentos y asesores externos especializados en la evasión y la elusión fiscal. Por este motivo las grandes empresas españolas pagan muchos menos impuestos, a nivel porcentual, que las medianas y que las pequeñas, y los grandes millonarios pagan menos impuestos que los simples trabajadores asalariados que las pasan canutas para llegar a fin de mes.

Esta situación profundiza la brecha entre ricos y pobres, pero nuestros políticos, lejos de pretender reducir el déficit impulsando el crecimiento de la economía o gravando más las rentas más altas, hacen precisamente lo contrario: el gobierno Rajoy ha disminuido los impuestos para las rentas superiores y medias, desgravando la compra de la vivienda, y ha bajado las deducciones fiscales por gastos financieros que favorece a las rentas superiores y, coronando la jugada, ha ofrecido una amnistía fiscal a los defraudadores en lugar de incrementar los instrumentos y los recursos de la inspección fiscal para perseguirlos. Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas por la Universidad Pompeu Fabra, en su artículo del 18 de abril en nuevatribuna.es, es meridianamente claro al enjuiciar lo que está pasando en nuestro país: “Soy consciente de que algunos lectores pueden considerar exagerada mi definición del presupuesto Rajoy como el más antisocial que haya existido en España durante la democracia. Invito a tales lectores a que miren los datos. Como bien mostró David Lizoain en su análisis “El disparate presupuestario español”, el gobierno Rajoy intenta reducir el déficit consolidado un 3,2% del PIB. Pero de estos recortes, el gobierno central sólo contribuye en la mitad. La otra mitad la tienen que realizar las CCAA (que como he indicado, son las que gestionan los servicios y gran parte de las transferencias del estado del bienestar), cuyo gasto es mayoritariamente social (un 60%). Sus exigencias a las CCAA sólo pueden atenderse con recortes sustanciales de tal gasto que, sin ninguna duda, originarán el debilitamiento del sector público, con el enriquecimiento del sector privado, y muy en particular de los bancos y de las compañías de seguros que han deseado el desmantelamiento del estado del bienestar desde años. Lo dijo con toda claridad el Presidente del Banco Central Europeo, el Sr. Mario Draghi, en una entrevista al Wall Street Journal (24.02.12) cuando indicó que el estado del bienestar europeo no era viable. Y puso como condición para comprar deuda pública española que se privatizara el Estado del Bienestar, lo cual el gobierno Rajoy está haciendo a pies juntillas. Así de claro” Mariano Rajoy está siendo un alumno tan aventajado en la destrucción del estado del bienestar que hasta sus mismos colegas y varios representantes de los “mercados” le han advertido que tanto recorte puede llegar a ser contraproducente porque impedirá la recuperación económica.

Estamos frente a una política deliberadamente diseñada para acabar con el estado del bienestar: los recortes se complementan a la perfección en un plan diabólicamente diseñado con la reforma laboral que debilita los derechos de los trabajadores y abarata los costes laborales y el despido, junto a las anunciadas medidas de reformas legales inminentes tendentes a criminalizar la protesta ciudadana que, previsiblemente, esta situación acabará provocando. Sus consecuencias son dramáticas para muchos sectores de la población. Voy a hablar ahora de lo que ha sucedido en el que yo trabajo: el mundo de la interpretación, en el que se reúnen una serie de factores económicos y políticos que le han llevado al colapso.

Asistimos hoy, impasibles, a la fría ejecución de un asesinato largamente anunciado. Un asesinato proclamado a los cuatro vientos desde hace años por todas las cadenas y las emisoras de la España más casposa y reaccionaria que, desde el lejano ya “No a la guerra”, clamaron venganza. Son esos voceros y los ciegos políticos que les siguen los que están asesinando hoy un mundo, un modo de vida, el de los actores. Poco o nada les importa que, junto a los actores, también se están llevando por delante a todos los técnicos que viven del sector audiovisual. Pero no todo han sido dagas y puñales empuñados por la derecha, también la nefasta gestión de los socialistas contribuyó, en gran medida, a herir de muerte al mundo de la interpretación.

Empezaron cargándose el teatro con un marco legal que propiciaba cada vez más su dependencia del sector público. En lugar de crear iniciativas para apoyar a las compañías para que llevasen nuestro teatro, el teatro que se está haciendo aquí y ahora, a los pueblos y ciudades de España, se gastaron miles y miles de millones construyendo fastuosos teatros que hoy no tienen dinero para mantener. Hoy hay teatros púbicos cuya programación no aparece en las carteleras de los periódicos porque no tienen dinero para pagarlo. Los ayuntamientos, endeudados, dejaron de pagar a las compañías. La bola de nieve se fue haciendo cada vez mayor y el teatro, prácticamente, desapareció.

Nos concentraron en la televisión. Quien no salía en la tele, no existía. Y a quien no existe no le contratan ni para el cine ni para el teatro. Una vez todos allí, cambiaron el modelo de la televisión pública y le prohibieron hacer publicidad. Las series españolas, sin embargo, seguían siendo los programas de mayor audiencia. Algo había que hacer para acabar con aquella situación debieron pensar los recién llegados dirigentes del PP. Un recorte de 200 millones en el presupuesto anual de TVE fue suficiente para aniquilar por completo el sector. Las televisiones contabilizan los costes de producción de las series no cuando las producen y pagan, sino cuando las emiten. Así se da la cruel paradoja de que TVE ha perdido el liderazgo de audiencia que mantenía en los últimos seis meses al no poder emitir sus series estrella para poder cumplir con ese recorte de 200 millones de euros exigido por el gobierno. Series como “Cuéntame”, “Isabel”, “La República” o “Aguila roja”, cuentan con temporadas enteras ya grabadas y listas para emitirse que no podrán ser emitidas, en el mejor de los casos, hasta el año 2013

Esta situación, unida a la caída de los precios de la publicidad en televisión, ha hecho que la producción de nuevas series por parte del resto de cadenas privadas se paralice prácticamente en su totalidad. También estas cadenas cuentan con series ya grabadas y listas para emitirse que deberán aguardar a mejores tiempos (“El tiempo entre costuras”, etc).

Ante esta situación de parálisis crítica del teatro y la televisión, el cine era la única posibilidad que nos quedaba a los que malvivimos en este sector. Sin embargo, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ha sido la puntilla que ha acabado con él. De los 76 millones de euros de ayudas al cine de 2011 hemos pasado a 49, de los cuales 35 corresponden a pagos relacionados con ayudas del año anterior, es decir, que solo se han destinado 14 millones de euros al cine para el 2012.

Los ataques al mundo del cine por parte de la derecha y la extrema derecha de este país son despiadados. Nos tachan de titiriteros, perroflautas y chupópteros que vivimos de las subvenciones y repiten hasta la saciedad que somos unos vagos y unos inútiles. Ni uno solo de los que nos descalifican así tiene la más mínima idea de lo que es la vida de un actor (y no hablo de la de las grandes estrellas, sino de la del 99% de los que nos dedicamos a esta profesión), tampoco saben nada de lo difícil que es hacer una película, de las limitaciones competitivas que tenemos en comparación con el cine estadounidense o con el de nuestros vecinos europeos, etc. El tópico y el insulto son suficientes para desacreditar a miles de profesionales de un plumazo. Que el cine español hace muchas cosas mal, sí. Que debemos mejorar en infinidad de temas, también. Que ha habido pillería y fraude en las subvenciones, seguro que también, aunque no creo que más que en otros sectores económicos. No deja de ser curioso que quienes más atacan al cine español sean, precisamente, quienes no ven ni una sola película española por sistema, o por seguimiento casi religioso de la doctrina de los voceros oficiales de la España más rancia empeñados en acabar con todo el que no piense como ellos. Y que, por absoluta ignorancia o supina mala leche, se empeñen en hacer creer que quienes recibíamos las subvenciones que había éramos los actores, cuando jamás hemos recibido subvención alguna ya que en el sistema español de ayudas son los productores los que las recibían. Por si les sirve de comparación para hacerse una idea sobre la deiferencia de trato que reciben los artistas en este país con respecto al que reciben nuestros vecinos, basta recordar, por ejemplo, que en Francia, además de ayudar a su cine con un presupuesto de 600 millones de euros (frente a los 14 que en verdad destina de España), cada actor recibe un subsidio de 1.000 euros al mes cuando está en paro, subsidio que recibe indefinidamente hasta que encuentre un nuevo trabajo dentro de su profesión.

Son muchos, innumerables, los problemas que tiene el cine español, y de muy difícil solución. Sería demasiado extenso tratarlos ahora aquí. Pero admitir la descalificación global sin mayor argumento que el insulto y el desprecio es una injusticia que no debemos permitir, ni mucho menos cometer. Nunca en nuestra historia nuestros actores habían ganado premios internacionales de la talla de los Oscar. En los últimos años hemos conseguido dos. Nunca un español había ganado un Oscar al mejor guión. Almodóvar lo ha conseguido. En cada ceremonia de los Oscars suele haber asiduamente varios profesionales españoles entre los finalistas. Y si me centro en los Oscars como referencia es precisamente porque quienes más atacan al cine español lo hacen defendiendo el modelo norteamericano, un modelo que también desconocen ya que dicen que no está subvencionado cuando más de 30 estados ofrecen importantes beneficios fiscales a cambio de que las películas se rueden en ellos. Si comparamos el nivel de las ayudas al cine español con el de nuestros socios europeos, la comparación es verdaderamente escandalosa: las ayudas que recibe el cine francés a través de su fondo de apoyo al cine son hasta ocho veces más que las que recibía el cine español de sus instituciones. Ese fondo francés se financia, principalmente, de aportaciones de las cadenas de tv y de una tasa del 11,5% que cobran sobre el precio de taquilla de todas las entradas de cine que se venden en Francia. ¿Te imaginas lo que dirían los críticos del cine español si esta tasa se aplicase en España para defender nuestro cine? La aportación anual de las ayudas al cine francés roza los 600 millones de euros. Cada país tiene su propio sistema de canalizar ayudas a su cine porque entiende que el cine es cultura, además de industria (si solo fuese industria la estricta reglamentación de la Unión Europea prohibiría las ayudas). El Reino Unido, por ejemplo, financia las ayudas al cine a través de la lotería. Los países nórdicos, además de las ayudas oficiales a su cine, han desarrollado un sistema de fondos de inversión para el cine escandinavo que permite canalizar el dinero de pequeños ahorradores al cine con importantes ventajas fiscales.

El argumento que más repiten quienes atacan al cine español es el de su escasa rentabilidad. Atacar por sistema mediante el insulto y la descalificación a un sector como el del cine español en el que trabajan 35.000 personas me parece, cuando menos, injusto. Es cierto que el cine español tiene una cuota de pantalla mucho más baja que la de nuestros socios europeos (no llega al 20% mientras que Francia tiene un 37% o Italia un 33%). Ese es uno de nuestros mayores problemas. Pero decir que porque una película recauda poco es mala es una verdadera aberración. Y llegar a decir que si recauda poco no es arte, es de obtusos mentales. Según estos argumentos Van Gogh y tantos otros jamás fueron artistas porque murieron arruinados y no vendieron cuadros en vida a precios que les permitieran vivir. ¿Dónde se come mejor comida, en un restaurante de tres estrellas de la guía Michelin o en un McDonalds? Vender vende mucho más McDonalds, que tiene muchos más establecimientos, y ganar dinero también gana mucho más que cualquier restaurante de lujo. Pero de ahí a concluir que se come mejor o que su comida es de más calidad hay un abismo. Por el mismo motivo debemos diferenciar entre el cine como entretenimiento y el cine como arte, como cultura, porque el día que la cultura sea solo entretenimiento nuestra sociedad estará abocada a su autodestrucción. A todos los que critican las ayudas al cine español les diría que pensasen por un momento en un dato muy concreto y real: todas las ayudas que el cine español recibe, mejor dicho recibía, al año son menos que el presupuesto anual de un solo museo, el Reina Sofía. Y también les haría una pregunta: ¿Cómo se explica que el cine español sea tan malo como ellos dicen y que atraiga a tan pocos espectadores y que, sin embargo, las series de tv españolas, muchas veces con los mismos técnicos y los mismos actores y directores, sean líderes de audiencia?

La guinda al pastel del desmantelamiento del sector audiovisual la ha puesto la semana pasada el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro al criticar el, para él, elevado coste de las series de Televisión Española. Ha dicho que el coste por capítulo de las series de TVE es excesivo para un simple producto de ocio y entretenimiento. El coste por capítulo puede oscilar alrededor de los 600.000 a 800.000 euros, según el Ministro. Ahora bien, ese capítulo es propiedad de TVE y puede emitirlo cuantas veces quiera durante los próximos 5, 10, 20 o 50 años, y también puede venderlo a otros países, por lo que ese coste debería ser considerado como una inversión, una inversión que puede ser rentable y con creces. Por otro lado, ¿ha oído hablar el ministro Montoro de la BBC, la televisión pública británica, que es un referente mundial por la calidad de los contenidos que ofrece? ¿ Sabe cuánto puede haber costado cada capítulo de las series que emite la BBC? No deja de ser curioso que al Sr. Montoro le parezca excesivo invertir 600.000 euros en producir un capítulo de una serie de televisión, y sin embargo, no se lo parezca pagar 4 millones de euros por la final de la supercopa de fútbol de España, que sí es un verdadero despilfarro que nunca puede ser rentable. Y ya que hablamos de fútbol, me gustaría saber por qué este gobierno que recorta las pensiones, sube los impuestos de los asalariados (no los de las grandes fortunas), sube el IVA, aumenta las tasas universitarias, introduce el mal llamado copago (ya que en realidad es un repago) sanitario obligando, por primera vez en nuestra democracia, a que los pensionistas paguen por los medicamentos que necesitan, o que hace que suba el precio del transporte público de manera desproporcionada e indecente, permite que los clubes de fútbol deban a Hacienda 752 millones de euros que estamos financiando todos, o por qué ha aprobado indemnizar con 40 millones de euros a la empresa fabricante de bombas racimo (con la que el actual ministro de Defensa ha estado vinculado hasta dos semanas antes de las últimas elecciones) como compensación por la firma del tratado de no utilización de bombas racimo que suscribió el Gobierno Zapatero cuando, además, esas bombas estaban prohibidas por Naciones Unidas. No deja de ser curioso y alarmante que una sola indemnización a una empresa de armamento triplique las ayudas reales que este año recibirá el cine español y, también curioso, que esa noticia pase casi desapercibida en los medios de comunicación, unos medios que, a diario, suelen recoger ataques a todos los que, según dicen, vivimos de las ayudas al cine, aunque en realidad jamás hayamos visto una.

El audiovisual es España es un nuevo Titanic que navega derecho hacia una barrera de icebergs infranqueable sin que nuestro Rajoycapitán se esté oponiendo a la orden suicida de nuestro Merkelarmador de ¡Avante a toda máquina! Si en lugar de los del “No a la guerra” fuésemos  de los del “No al aborto”, otro gallo cantaría. Somos miles los parados en este sector, y la historia se repite. Este Titanic tampoco lleva botes de salvamento para todo el pasaje y la tripulación. Solo se salvarán quienes tengan billete de primera clase. Los que vamos en segunda, tercera o cuarta, estamos condenados a que nos echen por la borda. No es la crónica de una muerte anunciada, que diría García Márquez, sino la crónica de un asesinato anunciado.

El estallido de la crisis financiera era algo que tenía que pasar porque un sistema basado en la especulación salvaje y el crecimiento insostenible tenía que estallar por algún lado. Lo que no se sabía era cómo, cuándo estallaría todo aquello y qué proporciones tendría. No sé, y supongo que nunca lo llegaremos a saber, si fue un estallido espontáneo o si estaba previamente calculado al más mínimo detalle. Lo que sí está claro es que ese estallido se ha utilizado como un shock que ha bajado las defensas de los ciudadanos hasta dejarlas bajo mínimos, totalmente bloqueadas por el miedo, el desconcierto y el terror, para poder llevar a cabo el desmantelamiento más atroz y despiadado del estado del bienestar y de los derechos sociales y laborales conseguidos durante generaciones.

Realmente no me cabe duda de que, no solo el desmantelamiento del sector audiovisual, sino el de todos nuestros derechos ha sido, y está siendo, un crimen anunciado, un asesinato anunciado y friamente diseñado, calculado y ejecutado. Si quieres ver cómo se preparó ese asesinato, no tienes más que ver este documental, “La doctrina del shock”, te ayudará a entender muchas, demasiadas cosas…

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Carlos Olalla
Madrid

Por circunstancias de la vida me pasé más de veinticinco años dirigiendo empresas en la que, sin lugar a dudas, fue la etapa más aburrida y frustrante de mi vida. La verdad es que nunca me gustaron esos trabajos y lo pasé fatal. Cuando cumplí los 45 me encontré con que una reestructuración empresarial me ponía de patitas en la calle y sin un duro. Por si fuera poco, nadie me quería dar trabajo porque decían que ya era demasiado “viejo”. A mí siempre me había gustado el mundo del cine y, como estaba en el paro y tenía tiempo, empecé a estudiar interpretación. Me pasé tres años siendo el “abuelo” de todos mis jóvenes compañeros en una conocida escuela de teatro de Barcelona. Durante aquel tiempo recibí alguna propuesta de trabajo para reincorporarme al mundo de la empresa, pero no quise aceptarlas: el nuevo mundo que había descubierto me había atrapado por completo, así que decidí cambiar una maravilla de sueldo y una mierda de trabajo por una maravilla de trabajo y una mierda de sueldo. Puedo deciros que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida: por primera vez soy libre, la palabra jefe ya no significa nada para mí, hago lo que verdaderamente me gusta y, lo mejor, trabajo con gente sensible y abierta que piensa y siente como yo. ¿Qué más se puede pedir?

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